El caso del exministro del Interior, José Serrano, ha tomado un nuevo rumbo en los tribunales migratorios de Estados Unidos. Una jueza administrativa resolvió negar su solicitud de asilo político, pero otorgarle protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), una decisión que impide —al menos de momento- su deportación a Ecuador.
La resolución reabre el debate sobre cooperación judicial internacional, derechos humanos y la capacidad del Estado ecuatoriano para garantizar seguridad dentro de su sistema penitenciario.
El abogado y experto en derecho internacional, Francisco Paredes, analiza las implicaciones jurídicas y políticas de esta decisión.
La diferencia clave: asilo político vs. protección contra la tortura
Aunque suelen confundirse, ambas figuras jurídicas responden a fundamentos distintos dentro del derecho internacional.
Según Paredes, la defensa de Serrano presentó dos líneas argumentativas paralelas:
- Asilo o refugio político: basado en una supuesta persecución por motivos políticos, ideológicos o personales.
- Protección bajo la Convención contra la Tortura: sustentada en el riesgo de sufrir tortura, tratos crueles o amenazas graves contra su vida en caso de ser deportado.
La jueza estadounidense descartó la tesis de persecución política y, por ello, negó el asilo. Sin embargo, determinó que existían elementos suficientes para considerar que Serrano podría enfrentar riesgos graves si regresaba a Ecuador.
En términos jurídicos, esta protección se fundamenta en principios de jus cogens, normas imperativas del derecho internacional que obligan a los Estados a no deportar a una persona cuando existan indicios razonables de peligro para su integridad física o su vida.
¿Por qué la justicia estadounidense considera que Ecuador representa un riesgo?
La decisión judicial no implica una absolución ni un reconocimiento político favorable para Serrano. Más bien, refleja la preocupación internacional sobre la situación de seguridad y violencia en Ecuador.
Entre los factores considerados por la jueza se encuentran:
- El antecedente de Serrano como exministro vinculado a la lucha contra estructuras criminales.
- El asesinato de su hermano, relacionado presuntamente con grupos delictivos organizados.
- El crecimiento del crimen organizado en Ecuador.
- La crisis de seguridad que afecta incluso a operadores de justicia, incluidos jueces, fiscales y abogados.
De acuerdo con Paredes, los tribunales internacionales suelen aplicar medidas preventivas cuando existe “un mínimo riesgo” que el Estado de origen no puede neutralizar de forma efectiva.
Serrano no será deportado, pero tampoco está en libertad
Uno de los principales puntos aclarados por el experto es que esta protección migratoria no implica libertad inmediata.
“José Serrano no será deportado, pero permanecerá detenido mientras avanzan los procesos correspondientes”, explica Paredes.
Además, señala que podrían existir investigaciones o procesos adicionales en Estados Unidos que expliquen por qué el exfuncionario continúa privado de libertad, independientemente de la resolución migratoria.
La decisión final no solo tendrá efectos sobre el futuro jurídico de José Serrano, sino también sobre la percepción internacional del sistema de justicia ecuatoriano.