La reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) reabrió el debate nacional sobre el rol de la inversión privada en un sector estratégico para el desarrollo del país: la electricidad.
Este análisis se basa en una entrevista publicada por el diario La Hora, en la que el abogado Francisco X. Paredes expone los principales alcances jurídicos y económicos del fallo.
En este contexto, el abogado y especialista en arbitraje e inversión Francisco X. Paredes, socio de Lauden, ofreció un análisis técnico y jurídico que permite entender qué cambia realmente con el fallo y cuáles son los riesgos y oportunidades para Ecuador.
¿La sentencia frena la inversión privada?
Según Paredes, la respuesta es clara: no.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional una causal específica que permitía la participación privada cuando se alegaba “interés público”, por considerarla demasiado amplia. Sin embargo, el fallo no elimina la inversión privada, ni invalida los contratos ya existentes.
Por el contrario, el abogado sostiene que la Corte actuó correctamente al exigir que las excepciones estén basadas en criterios técnicos reales y objetivos, y no en interpretaciones discrecionales.
“No creo que por eso sea criticable la Corte. Hace bien de alguna manera al exigir que la excepcionalidad esté sustentada en criterios técnicos reales.”
El verdadero problema: incertidumbre jurídica
Para Paredes, el mayor impacto del fallo no es político, sino económico y técnico:
“El problema no es solo jurídico: es técnico y, sobre todo, un problema serio para la inversión”.
El sector eléctrico es intensivo en capital y requiere proyectos que se amortizan en 15 o 25 años. En ese escenario, cualquier ambigüedad normativa eleva el riesgo, encarece el financiamiento y frena decisiones de inversión.
Además, advierte que el error no proviene de la Corte, sino del diseño de la propia norma:
“Eso es un error de la propia norma que la Corte observa correctamente, pero que nos trae unos problemas enormes, especialmente en un momento de alta fragilidad del sistema eléctrico”.
Proyectos en marcha y contratos vigentes: ¿están en riesgo?
Uno de los puntos más sensibles del debate es la situación de las concesiones y contratos ya otorgados.
Paredes es enfático:
“El mensaje del Gobierno debe ser claro para quienes ya tienen un derecho, un título, una concesión o un contrato: se va a garantizar todo hasta la ejecución final de los proyectos”.
Y aclara una distinción fundamental:
“Lo que no está suscrito no es un derecho: son meras expectativas. Pero si existe un acto administrativo, como una adjudicación, concesión o título, ese derecho está blindado”.
Esta precisión es clave para transmitir seguridad jurídica a inversionistas actuales y futuros.
¿Qué debería cambiar la ley?
El abogado plantea una reforma técnica y estructural a la Lospee, enfocada en crear reglas claras para los casos excepcionales en los que pueda participar el sector privado:
“La ley debe crear causales específicas de excepcionalidad ajustadas a la realidad del país, para que la participación privada no dependa de interpretaciones amplias o discrecionales, sino de parámetros objetivos, técnicos y verificables”.
Entre los escenarios posibles menciona:
- Emergencias nacionales
- Desastres naturales
- Insuficiencia proyectada de capacidad de generación
En este último caso, explica:
“Si hay un gap entre la demanda y la capacidad de generación, sobre ese gap se puede contratar al sector privado por la totalidad de lo que haga falta”.
El rol del Estado: regulador, no único productor
Paredes propone un modelo equilibrado entre control estatal y participación privada:
“Está bien que el Estado controle los sectores estratégicos, pero no está bien que el Estado sea el único que maneja la producción”.
Y añade:
“Está bien que el Estado tenga regulaciones sobre los sectores estratégicos, pero no que sea el único dueño o el accionista mayoritario cuando quiere entrar un privado”.
Desde su perspectiva, el debate debe alejarse de posturas ideológicas:
“No es un tema de socialismo o derecha, sino una discusión práctica sobre desarrollo”.
Electricidad y desarrollo económico
Finalmente, el abogado lanza una advertencia contundente:
“Es un problema de supervivencia económica”.
Sin un sistema eléctrico estable y con capacidad suficiente, no hay industria, no hay empleo y no hay crecimiento sostenido.
El análisis de Francisco X. Paredes deja en claro que el futuro del sector eléctrico ecuatoriano no depende únicamente de decisiones judiciales, sino de:
- Reformas legales técnicas y coherentes
- Seguridad jurídica real para inversionistas
- Planificación estatal basada en datos
- Un modelo equilibrado entre control público e inversión privada
La sentencia de la Corte abre la puerta a corregir errores estructurales. Ahora el desafío está en manos del Ejecutivo y del legislador.
Este análisis forma parte del contenido informativo y académico desarrollado por Lauden Estudio Jurídico sobre derecho económico, regulación e inversión en Ecuador.