Los artículos clave de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC) que sustentan la protección de los ciudadanos en Ecuador son:
Artículo 4 (derechos fundamentales): Establece, entre otros, el derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios (numeral 1), así como el derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios derivados de deficiencias o mala calidad.
Artículo 17 (información veraz): Obliga a los proveedores a entregar información clara, completa y oportuna sobre los bienes o servicios, para que el consumidor pueda tomar decisiones razonables.
Artículo 18 (entrega y prestación del servicio): Determina que todo proveedor debe prestar sus servicios de forma oportuna y eficiente, cumpliendo estrictamente con lo acordado con el consumidor.
Artículo 22 (reparación defectuosa): Señala que si un bien reparado presenta defectos relacionados con el servicio, el consumidor tiene derecho a una reparación sin costo adicional o a la reposición del bien, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes.
Artículo 23 (deterioro de los bienes): Establece que si un bien sufre daños o disminuye su valor durante la prestación de un servicio, el proveedor debe restituir el valor del bien e indemnizar por la pérdida ocasionada.
Artículo 28 (responsabilidad solidaria): Dictamina que productores, fabricantes, importadores y comercializadores son solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de vicios o defectos en los bienes o servicios prestados.
Artículo 71 (indemnización y restitución): Ratifica el derecho a la indemnización por daños y la reparación gratuita del bien. En caso de no ser posible, el consumidor puede exigir la reposición o la devolución del dinero pagado en un plazo máximo de 30 días.
Artículo 75 (servicios defectuosos): Específicamente para proveedores de servicios técnicos, este artículo sanciona la prestación de servicios ineficaces o que causen daño, permitiendo al consumidor exigir la restitución del valor pagado y estableciendo multas para la empresa.
Adicionalmente, el Artículo 641 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual permite que las infracciones contra los derechos de los consumidores sean juzgadas mediante un procedimiento expedito ante un juez penal